La tarificación interna del carbono, una iniciativa para la sostenibilidad

El cambio climático es uno de los mayores desafíos globales de nuestro tiempo: pone en riesgo nuestros medios de subsistencia y el crecimiento económico. Los humanos hemos estado alimentando el calentamiento global a través del uso extensivo de combustibles fósiles, y, hoy en día, ya estamos viendo cambios en el clima. Desde que comenzaron los registros hace más de ciento treinta años, catorce de los quince años más calurosos se han producido desde principios de este siglo, acompañados de un aumento dramático de fenómenos meteorológicos extremos.

Una imagen del momento actual se puede encontrar en documentos del Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) y en informes como Turn Down the Heat: Confronting the New Climate Normal, que prepara el Potsdam Institute for Climate Impact Research (ICIR) para el Banco Mundial. En ellos se advierte sobre la afectación de la agricultura, los recursos hídricos, los ecosistemas y la salud humana si no se toman medidas al respecto. Si la temperatura media del planeta aumenta en tan solo 2 ºC, un calentamiento que puede alcanzarse en veinte o treinta años, podríamos enfrentarnos a una escasez generalizada de alimentos, olas de calor sin precedentes, tormentas extremas y un aumento del nivel del mar. Los estudios sugieren que ya es inevitable un calentamiento de aproximadamente 1,5º C.

El principal causante de este calentamiento es la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) que se producen, principalmente, fruto de actividades humanas como el uso de combustibles fósiles para la producción de energía, la agricultura o el transporte. Estos gases, esencialmente dióxido de carbono (CO₂), metano (CH₄) y óxido nitroso (N₂O), absorben y reemiten la radiación infrarroja que normalmente saldría de la Tierra al espacio, creando el llamado efecto invernadero, responsable del aumento de la temperatura de la Tierra.

Tradicionalmente, estas emisiones han estado consideradas como externalidades, y los emisores no han asumido su coste. Por tanto, una de las herramientas financieras que se pueden utilizar para intentar reducir la emisión de gases de efecto invernadero es poner precio a su emanación, con la finalidad de incorporar este coste al análisis económico y crear un incentivo para su reducción.

Poner precio a las emisiones de carbono¹ es un instrumento que captura los costes externos de las emisiones de GEI y los vincula a su origen a través de un precio. La tarificación del carbono, o fijación de precios del carbono (del inglés carbon pricing), se refiere a las iniciativas consistentes en poner un precio explícito a las emisiones de gases de efecto invernadero, y generalmente se expresa como un valor por tonelada de dióxido de carbono equivalente (tCO₂e).

Existen diferentes enfoques en la fijación de precios del carbono, algunos mediante regulación gubernamental y otros que surgen de la iniciativa de las propias empresas.

 

Regulaciones gubernamentales sobre la tarificación del carbono

Las principales herramientas relacionadas con la tarificación del carbono que pueden ser establecidas por gobiernos y, por tanto, son de obligatorio cumplimiento son los esquemas de comercio de emisiones y los impuestos sobre el carbono.

 

Esquemas de comercio de emisiones

Los esquemas de comercio de emisiones (ETS, por las siglas de emissions trading schemes), también conocidos como sistema de limitación y comercio, establecen un límite o tope para el nivel total de emisiones de gases de efecto invernadero, creando unos derechos de emisión por el total que se distribuyen a los sujetos obligados (fuentes de emisión directa o indirecta). Estos sujetos deben utilizar estos derechos por cada tonelada de CO₂ emitida, con la posibilidad de comprar derechos adicionales si los necesitasen, o vender los no utilizados. A medida que los sujetos obligados consideran en sus procesos productivos el coste de sus emisiones y la posibilidad de comprar o vender derechos, surge un mercado de derechos de emisión de CO₂ que determinará un precio para estas emisiones y que actúa como incentivo de reducción para todos los sujetos obligados. Este precio influirá en las decisiones tanto de gestión a corto plazo de los activos existentes como en las de inversión en nuevos activos a largo plazo.

Por ejemplo, en el ámbito europeo, existen los EU ETS, instaurados en 2005 para promover la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de industrias con gran consumo de energía, productores de energía y compañías aéreas. El límite máximo se va reduciendo con el tiempo, de modo que la cantidad de emisiones disminuye gradualmente. Los objetivos acordados por el Consejo Europeo como parte del marco de actuación en materia de clima y energía consisten en reducir las emisiones de GEI en la UE al menos un 40% respecto a 1990 para 2030. A modo de referencia, el precio en el mercado de un EU ETS a 30 de diciembre de 2022 era de 89 €.

Un ETS, a diferencia de un impuesto, es una política basada en la cantidad. Este enfoque ofrece certeza sobre el resultado ambiental al establecer el límite total, y deja que el mercado fije el precio de las emisiones.

 

Impuesto al carbono (‘carbon tax’)

Es una forma de fijación explícita del precio de las emisiones, directamente relacionada con el nivel de GEI emitidos. Los impuestos al carbono brindan certeza sobre el coste marginal al que se enfrentan los emisores por tCO₂e, pero, por el contrario, no garantizan un nivel máximo de reducción de emisiones, a diferencia de un esquema de comercio de emisiones.

Este instrumento económico se puede utilizar para lograr una reducción rentable de las emisiones. Dado que un impuesto al carbono pone un precio a cada tonelada de GEI emitida, envía una señal de precio que provoca gradualmente una respuesta del mercado en toda la economía, creando incentivos para que los emisores cambien a formas de producción menos intensivas en GEI y, en última instancia, dando como resultado una reducción de las emisiones.

Varios países de la UE han implementado impuestos al carbono aplicados a sectores no cubiertos por el EU ETS. Por ejemplo, en Irlanda, se cobra un impuesto a los combustibles que emiten CO₂, como el carbón, la turba, el petróleo y el gas natural. Introducido en 2010, el cargo desde marzo de 2023 es de 48,50 €/tCO₂e, y se ha fijado un objetivo de 100 € para 2030.

 

Iniciativas voluntarias de tarificación del carbono

La tarificación interna del carbono es una herramienta voluntaria que pueden implementar por propia iniciativa las empresas que consideran necesario tanto medir su impacto climático como intentar reducirlo. Esta iniciativa consiste en asignar un valor monetario a las emisiones de gases de efecto invernadero, una cifra que se tendrá en cuenta en decisiones tanto operativas como de inversión. Las dos formas principales en que las compañías utilizan la tarificación interna del carbono son la tarifa del carbono y los precios a la sombra.

 

La tarifa del carbono (‘carbon fee’)

Es un valor monetario que, por cada tonelada de emisiones, se carga a la correspondiente unidad de negocio emisora. Este coste interno será la fuente de ingresos para un fondo que se dedicará a financiar proyectos que ayuden a cumplir los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero de la empresa. Por ejemplo, la multinacional tecnológica Microsoft utiliza este recurso como herramienta para disminuir sus emisiones, registrándolas (desde 2012, sobre alcance 1 y 2, y, a partir de 2020, sobre alcance 3) y cargando anualmente a la cuenta de explotación de las unidades de negocio una tasa por ellas (ver el cuadro 1). Esta tasa se determina para que sea suficientemente significativa para los decisores de las unidades y para que genere los recursos para financiar la reducción de emisiones. El objetivo de Microsoft es alcanzar la neutralidad en 2030 y, para 2050, compensar todas las emisiones de la empresa desde su fundación en 1975.

 

El precio a la sombra (‘shadow Price’)

Consiste en un valor teórico que utiliza la empresa en procesos de planificación a largo plazo para evaluar la rentabilidad de futuras inversiones, proyectos o negocios, con la finalidad tanto de entender los costes asociados como de incorporar futuras regulaciones. De esta manera, estos análisis incluyen un cálculo del coste de emisión, en previsión de que exista en el futuro, provocando el mismo efecto que una tasa de emisión, aunque no se esté pagando en realidad. Por ejemplo, la multinacional minera australiana BHP incluye un precio del carbono en sus estimaciones de coste de energía y en decisiones de inversión y valoración de activos. La compañía prevé un precio para 2030, según el nivel de descarbonización de las distintas regiones y diferentes escenarios futuros, de entre 10 y 110 $/tCO₂e.

Otras formas de tarificación interna del carbono son el precio implícito (basado en el gasto efectivo de una empresa para reducir las emisiones de GEI y/o el coste de cumplir con las regulaciones gubernamentales, y que puede servir, por ejemplo, como referencia antes de lanzar un programa interno de fijación de precios del carbono) o la compensación de emisiones de carbono o créditos del carbono (que busca compensar las emisiones debidas a la actividad de la compañía, financiando la reducción de las mismas o la eliminación de carbono en otro lugar, plantando árboles en un bosque, por ejemplo).

 

Tarificación del carbono: el estado de la cuestión

Existe un número creciente de organizaciones que reconocen la tarificación interna del carbono como una herramienta útil para gestionar y contribuir a la transición hacia una economía con baja emisión de carbono. Al asignar internamente un valor monetario a las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a las decisiones empresariales, esas emisiones pueden traducirse en una métrica financiera que influye en el proceso de decisión.

En el último informe del Carbon Disclosure Project (organización sin ánimo de lucro que ayuda a la divulgación del impacto ambiental de empresas y ciudades), de 2021, se recoge información sobre tarificación del carbono de 5.900 empresas. Más de un tercio de ellas declaran estar usando (853 empresas frente a 699 el año anterior) o tener planeado usar en los próximos dos años (1.159 frente a 915 el año anterior) alguna forma de tarificación del carbono. La mitad de las compañías que utilizan precios internos del carbono lo hacen en forma de precios a la sombra.

Las empresas que utilizan precios internos del carbono declaran hacerlo por una variedad de razones. Más de la mitad mencionan como objetivo de su programa interno de tarificación del carbono la voluntad de incentivar las inversiones bajas en carbono, impulsar la eficiencia energética y/o cambiar el comportamiento interno. Alrededor del 40% de las organizaciones también marcan como objetivo clave la adaptación a las nuevas regulaciones en materia de GEI, así como la identificación de oportunidades derivadas de reducir las emisiones.

Existe también mucha diversidad de precios internos en función de los objetivos, características del negocio, localización geográfica o exposición al riesgo. El precio a la sombra más alto reportado es de 459 $/tCO₂e, aunque la media es 28 $, mientras que, para tarifas internas, el máximo es de 532 $/tCO₂e, con la media en 18 $. Algunas empresas establecen un precio simbólico, simplemente, para aumentar la conciencia interna sobre el cambio climático, especialmente sobre las emisiones de GEI que aún no se enfrentan a regulaciones gubernamentales.

El objetivo final de una empresa no puede ser la simple implementación de un precio interno del carbono en su estrategia corporativa y proceso de toma de decisiones. Es fundamental evaluar el impacto final de la medida. Obviamente, esta evaluación debe relacionarse con los objetivos que se establecieron, ya sea aumentar las inversiones en bajas emisiones de carbono, o en eficiencia energética, o cambiar comportamientos internos. En cualquier caso, los precios utilizados deben ir adaptándose de manera constante, en línea con los desarrollos externos e internos, para que esta herramienta pueda mantener su eficacia.

Es esperable que el número de empresas que utilizan precios internos del carbono crezca aún más a medida que más compañías establezcan objetivos de neutralidad de carbono. En situaciones en las que las emisiones son difíciles de mitigar, se suelen neutralizar con alguna forma de compensación. En enero de 2021, 1.392 empresas y 74 inversores se habían comprometido a lograr la neutralidad en emisiones para 2050 como parte de la Alianza por la Ambición Climática de Naciones Unidas. El aumento año a año de las transacciones en el mercado voluntario de carbono demuestra la creciente demanda de créditos para compensación de emisiones.

En la mayoría de las empresas, el precio interno del carbono solo cubre las emisiones directas de GEI (alcance 1) y las emisiones de la energía comprada (alcance 2). De hecho, solo una cuarta parte de las organizaciones que informaron al Carbon Disclosure Project declararon que el uso de su programa interno de fijación de precios del carbono cubría alguna de sus emisiones de alcance 3, y muchas de ellas se centraron únicamente en los viajes de negocios. Dado que muy pocas empresas (menos del 10% de las empresas participantes en el informe) incluyen a los proveedores en el uso de precios internos del carbono, esto apunta un gran potencial sin explotar para esta herramienta si se abordan las emisiones de la cadena de suministro, ya que se considera que, de media, pueden representar hasta cinco veces las emisiones directas de una compañía. Adicionalmente, asimismo hay que señalar que el sector público también realiza grandes compras con altas emisiones en la cadena de suministro (como en infraestructura).

El precio interno del carbono se puede utilizar de múltiples maneras en la gestión de la cadena de suministro y adquisiciones para reducir las emisiones de GEI, al orientar las decisiones hacia proveedores más ecológicos y estimular las ofertas bajas en carbono.

 

Ejemplos prácticos del uso de precios internos del carbono

 

Repsol

La multinacional petroquímica y energética Repsol aplica un precio interno del carbono en todas sus actividades, desde el desarrollo de nuevos proyectos hasta la gestión y optimización de su cartera existente. Repsol justifica el uso del precio interno del carbono como un enfoque para evaluar los riesgos financieros y las oportunidades relacionadas con la transición energética. Esta práctica contribuye a medir mejor el impacto de los cambios climáticos en su negocio, así como a identificar oportunidades de inversión y reducción de costes. Además, permite a Repsol anticipar los cambios regulatorios y tomar decisiones informadas sobre cómo abordarlos. Así lo explicaba en una nota de prensa: “Repsol ha aumentado el precio interno del carbono que se aplica a toda nueva inversión. En esta actualización, se diferencian precios por tonelada de CO₂ para inversiones dentro de la Unión Europea y el resto del mundo. Así, se fija un precio del carbono de 70 $/t en 2025 y 100 $/t en 2030 para la Unión Europea (los valores anteriores eran de 40 $/t en 2025 y 70 $/t en 2040) y de 60 $/t en 2025 en el resto del mundo (anteriormente fijado en 40 $/t). Establecer un precio del carbono permite diseñar eficientemente los nuevos proyectos y evaluar y tomar decisiones de inversión teniendo en cuenta todas las variables”².

 

Indra

La empresa de tecnología Indra Sistemas se marca como objetivo alinear su cadena de valor con los objetivos de reducción de emisiones del grupo, incluyendo las emisiones de CO₂ como factor de decisión. Durante 2021, en el marco del Plan Director de Sostenibilidad 2020-2023, se diseñó un proyecto de precio interno del carbono con el objetivo de medir y asignar costes a las emisiones de CO₂ del grupo. Así lo recogía en un informe: “El modelo elegido para el proyecto es el de shadow price, esto es, se asignará un coste de 40 € a cada tonelada de CO₂. Para fijar este coste, se ha utilizado como referencia el coste social del carbono y el precio medio del régimen comunitario de comercio de derechos de emisión (EU-ETS). En el futuro, el precio interno del carbono de Indra podrá evolucionar del modelo shadow price al modelo internal fee, de tal forma que la tasa al carbono permita financiar iniciativas de compensación de las emisiones residuales de la compañía”³.

 

MAPFRE

El grupo de seguros MAPFRE aplica precios internos del carbono a todos sus negocios para contribuir al cumplimiento de objetivos medioambientales globales y reducir las emisiones asociadas con su cadena de valor. MAPFRE utiliza el precio interno del carbono para ayudar a proteger el medio ambiente y promover un desempeño sostenible en toda su operación empresarial. Además, el precio interno del carbono le ayuda a controlar y evaluar su huella de carbono para garantizar que esté cumpliendo con los objetivos climáticos globales. Así lo explica en un informe corporativo: “El Grupo MAPFRE aprobó en 2019 el precio interno del carbono como mecanismo para definir, a nivel corporativo, el precio mínimo al cual la compañía debe compensar las toneladas de carbono derivadas de su huella operacional conforme a los compromisos de neutralidad definidos por el Grupo para 2021, 2024 y 2030. Este precio interno se incluye en la Estrategia Corporativa de Compensación de Gases de Efecto Invernadero aprobada en 2021, en la cual, además de la obligación de cumplir con dicho precio, se define una matriz de valoración que permite, de manera objetiva, valorar los proyectos identificados. Precio interno del carbono conforme a requerimientos internos de carácter ambiental y social, entre los cuales se priorizan aquellos que aseguran la preservación de la biodiversidad y del capital natural, como aspectos relevantes en la lucha contra el cambio climático. Dicha estrategia se revisará de manera periódica con el objetivo de adaptarse a los escenarios futuros en el corto y medio plazo. Esta revisión incluye también el precio interno del carbono, en donde se prevé una variación al alza ante la subida de los precios en los mercados voluntarios”⁴.

 

BBVA

Para el grupo bancario y financiero BBVA, el uso del precio interno del carbono es una herramienta útil para validar la viabilidad de inversiones, proyectos y estrategias, así como para medir y controlar sus impactos en el medio ambiente. El uso del precio interno del carbono por parte del BBVA contribuye a desarrollar un crecimiento sostenible, optimizando las estrategias energéticas, reduciendo el riesgo climático, mejorando la resiliencia ambiental y facilitando la innovación tecnológica. Como explicaba en su comunicado de sostenibilidad, “BBVA apuesta por ello, y desde el 1 de enero de 2020 ya asigna un precio interno a sus emisiones de carbono, que incorporará a sus procesos de toma de decisiones, así como a la planificación y al presupuesto. Es un procedimiento novedoso que obligará a cada área a planificar el gasto en CO₂ que tendrá cada una de sus acciones y favorecerá la reducción de las emisiones. Cada área –y cada empleado en particular– tomará mayor conciencia, porque ese coste de CO₂ que emita su departamento (en viajes, por ejemplo) se asignará internamente a su presupuesto. Esta iniciativa se suma al Plan Global de Ecoeficiencia”⁵.

 

Referencias

1. El dióxido de carbono es el principal gas de efecto invernadero (GEI) emitido por las acciones del ser humano. Por ello, se utiliza la palabra “carbono” para referirse a todos los GEI de forma abreviada.

2. Repsol. Comunicado de prensa, 5 de octubre de 2021.

3. Indra. Informe de sostenibilidad, 2021.

4. MAPFRE. Informe TCFD, mayo de 2022.

5. BBVA. Comunicado de sostenibilidad, 28 de abril de 2021.